doi 10.4067/S0718-83582010000100003
Processes of Participative Neighborhood Improvement in Informal Settlements: Integration proposals in Ibagué (Colombia)1
Ingrid Vargas D.2, Eduardo Jiménez M.3, Alejandro Grindlay M.4 y Carlos Torres T.5
2 Colombia. Arquitecta y Diploma de Estudios Avanzados en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Investigadora Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio. ETS de Ingeniería, Caminos, Canales y Puertos, Universidad de Granada, España.
3 España. Arquitecto y Diploma de Estudios Avanzados en Urbanismo, Ordenación de Territorio y Medio Ambiente. Profesor Ayudante e Investigador. ETS de Arquitectura, Universidad de Málaga. España.
4 España. Dr. Ingeniero de Caminos, canales y puertos. Master en Urbanismo y Especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Profesor Colaborador e Investigador. Área de Urbanismo y Ordenación del Territorio. ETS de Ingeniería, Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Granada, España.
5 Colombia. Arquitecto y Magíster en Urbanismo, DEA en Urbanística y Ordenación del Territorio. Profesor Asociado e Investigador. Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de Investigaciones en Hábitat, Ciudad y Territorio. Universidad Nacional de Colombia. Editor Revista Bitácora Urbano Territorial. Facultad de Artes- Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Colombia.
Resumen: El acelerado crecimiento urbano ha provocado, entre otras cosas, el incremento de los asentamientos informales en las periferias latinoamericanas y el aumento de la desigualdad urbana. Una desigualdad creciente que provoca, en muchos casos, una segregación residencial socioeconómica que implica un distanciamiento de los distintos grupos de población que conforman una comunidad. Un fenómeno que se encuentra en aumento en el contexto latinoamericano. En ciudades de tamaño considerable, las experiencias obtenidas en intervenciones de integración y mejoramiento de estos sectores suelen ser enriquecedoras. Sin embargo, ¿qué estrategias podrían ser aplicadas en ciudades intermedias con bajas posibilidades de financiación y presupuestos limitados?
Este artículo indaga en el desarrollo de estos procesos en la ciudad de Ibagué-Colombia e intenta encontrar algunas estrategias aplicables desde el diseño de un proyecto de cooperación universitaria. En un inicio establece una aproximación a los aspectos que han fomentado la reproducción de los asentamientos informales en el contexto y sus posibles relaciones con la presencia de segregación residencial socio-económica. Posteriormente, estudia el proceso evolutivo de los asentamientos informales en Ibagué y toma al barrio Las Delicias como laboratorio de experimentación. Finalmente, se plantea un proyecto de cooperación para el mejoramiento barrial de estos sectores.
PALABRAS CLAVES: ASENTAMIENTOS INFORMALES; MEJORAMIENTO BARRIAL; INSERCION URBANA; IBAGUE; POBREZA URBANA.
Abstract: Rapid urban growth has caused, among other things, the increase in number of informal settlements in Latin American peripheries. In many cases, an increasing inequality results in socioeconomic residential segregation, generating gaps among the different groups of a community. This phenomenon is expanding in Latin America. In cities of considerable size, experiences from integration and improving interventions in slum areas are mostly enriching. However, what kind of strategies should be used in intermediate cities, with low financing possibilities and limited budget? This article analyzes the development of these processes in Ibagué, Colombia, and tries to find applicable strategies derived from a university cooperation project. The article establishes an approach to the aspects that contribute towards the formation of informal settlements and its possible links to socioeconomic residential segregation. It also studies, by using Las Delicias neighborhood as reference, the development of slum areas in Ibagué. The article concludes proposing a cooperation project for neighborhood improvement in those areas.
KEYWORDS: INFORMAL SETTLEMENTS; NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT; URBAN INTEGRATION; IBAGUÉ; URBAN POVERTY.
Introducción
El acelerado crecimiento urbano que desde mediados del siglo XX[1] se ha producido en Latinoamérica significa, entre otras cosas, la aparición de amplios tejidos informales característicos de la configuración actual de muchas ciudades latinoamericanas. Desde entonces, gran parte de sus periferias tienden a recibir a un importante porcentaje de población que, atraídos por las ventajas que proporciona la urbe o desplazados forzadamente de sus entornos rurales, no tiene otra alternativa más que procurar o construir una vivienda –techo– sin las condiciones urbanas básicas de habitabilidad. Al existir una marcada diferencia entre las condiciones y ventajas ofrecidas por las distintas áreas que conforman la ciudad, se produce una narrativa discontinua del territorio que se manifiesta en las grandes e injustas desigualdades urbanas.
Esta desigualdad provocada, entre otros aspectos, por disparidad del ingreso, la inadecuada distribución de los recursos urbanos y la discriminación en el acceso al mercado formal de la vivienda, alimentan la concentración de población homogénea en determinadas áreas dentro de la ciudad. Ello ha impulsado una segregación residencial socio económica. Un fenómeno social en aumento que alude al distanciamiento y la separación de los distintos grupos de población que conforman una comunidad[2]. La población se localiza en determinados espacios urbanos acordes con sus ingresos y se aparta del contacto con otras clases socioeconómicas urbanas. Poco a poco se va perdiendo el sentido del espacio público como punto central de un tejido social de relaciones, produciendo fuertes consecuencias negativas en la sociedad.
Por otro lado y tal como afirma Sabatini, también existen fuerzas que pueden operar en sentido contrario ya sea disminuyendo la segregación o reduciendo la escala en la que opera[3]. De hecho existen enriquecedoras experiencias de intervenciones realizadas en algunas ciudades latinoamericanas con el fin de promover la inserción urbana de sectores informales o de bajos ingresos. Algunas de las actuaciones más integrales y respetuosas con la propia estructura urbana existente, los conocidos mejoramientos barriales, han demostrado ser mucho más eficientes al intentar lograr una integración desde la propia participación ciudadana. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas han sido implantadas en ciudades de tamaño considerable, con suficientes presupuestos y capacidad de financiación. Pero, ¿qué sucede con las pequeñas y medianas ciudades que, con presupuestos muy limitados y bajas posibilidades de financiación, empiezan a ser fuertes polos de atracción y a desarrollar este fenómeno?
Este artículo está basado en una investigación en progreso que no busca generalizar pero sí avanzar en el encuentro de estrategias o propuestas que puedan ayudar a integrar sectores urbanos aislados en ciudades intermedias. Estudio que toma la ciudad de Ibagué-Colombia como campo idóneo de exploración. Una ciudad que ha sufrido un importante incremento de los asentamientos informales –como fruto del desplazamiento forzado de población que ha provocado la confrontación interna por la que atraviesa el país en los últimos años– y la presencia de algunos problemas urbanos ligados a la segregación residencial socioeconómica.
Primeramente, se indaga algunos aspectos que intervienen en la reproducción de los asentamientos informales en Latinoamérica y sus posibles relaciones con el desarrollo de la segregación residencial socio-económica en el contexto. Posteriormente, se estudia el proceso evolutivo de los asentamientos informales en la ciudad de Ibagué, tomando al barrio las Delicias –Comuna Seis– como laboratorio de experimentación. Finalmente, se plantea una propuesta de mejoramiento barrial, con base en un proyecto de cooperación universitaria para la integración urbana de estos sectores. Unas estrategias que involucran desde la participación comunitaria en la construcción y planificación de su propio entorno, a los alcances de la participación de la administración municipal y la cooperación interuniversitaria.
La experiencia en el desarrollo de la propuesta y las observaciones que son realizadas desde su planteamiento, buscan encontrar otras estrategias que puedan ser aplicadas en distintos barrios de la misma ciudad. Planteamientos que en una etapa posterior de la investigación puedan ser continuamente evaluados y ajustados.
Del acelerado crecimiento urbano y los asentamientos informales en Latinoamérica
El acelerado proceso de urbanización en las ciudades latinoamericanas suele reconocerse en el desarrollo de importantes áreas informales que comparten mucho más que el denominador común de la pobreza. Hábitats precarios que construyen, de forma desordenada y desarticulada, un importante porcentaje de las ciudades latinoamericanas al constituir la única alternativa viable para más de 180 millones de personas en este continente. Unos espacios que lejos de representar el progreso y los grandes logros que se manifestaron en los países desarrollados a través de sus grandes procesos de urbanización, contravienen constantemente las teorías que relacionan directamente al crecimiento[4] con el desarrollo.
Como es sabido, el crecimiento urbano en Latinoamérica a mediados del siglo XX fue mucho más rápido que el ocurrido en los países desarrollados en su periodo de expansión del siglo XIX. Esta explosión de población en la ciudad fue provocada inicialmente por las migraciones campo-ciudad, que fueron seguidas por otras que partían desde pequeñas poblaciones a ciudades mayores. Sin embargo, ¿qué otros aspectos acompañaron esa expansión acelerada provocando un fuerte establecimiento de la desigualdad urbana manifestada en el predominio de asentamientos informales en las ciudades latinoamericanas?
En 1950 entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador y Venezuela la población urbana sumaba un 46.9% frente a un 53.1% de población rural, mientras que en 1980 ésta ya llegaba al 69.6% (ver Figura 1); es decir, en tan sólo tres décadas la población urbana en esos países sobrepasó a la rural en más del 50%. De esta forma las ciudades se empezaron a enfrentar a una creciente población que demandaba los bienes, servicios, equipamientos e infraestructura urbana necesarios para habitarla.
No es casual que en la región ocurrieran esas masivas migraciones rurales a las ciudades, ya que aspectos globales como la Segunda Guerra Mundial, la crisis de la deuda externa en 1970 y la reestructuración de la economía global y las economías nacionales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estimularon la importación de bienes y una modernización de la agricultura, que estancó y empobreció a los agricultores a pequeña escala[5]. Un empobrecimiento que sobrevino por la incapacidad de competir en los mercados globales a los que se vieron empujados, teniendo como última alternativa el buscar fuertes vínculos comerciales campo-ciudad para subsistir. Esta dependencia de la ciudad, sumada al panorama de oportunidades que crecía en los centros urbanos por la industrialización y el incremento de la calidad de vida, promovió un efecto llamada que expandió y reprodujo los tugurios centrales y periféricos de las ciudades. Unas grandes diferencias entre campo-ciudad que aún persisten en gran parte de los países latinoamericanos (Ver Figura 2).
A estas influencias externas se le añade un conjunto de factores internos que promovieron de manera definitiva la presencia de asentamientos informales urbanos en gran parte del territorio Latinoamericano. Tal como apunta Mike Davis, las palancas más efectivas y despiadadas que facilitaron la urbanización informal en las décadas de 1950 y 1960 fueron las guerras civiles y la represión[6]. Esta violencia estuvo y aún sigue generalizada en algunos países de la región. Una situación que se vive con intensidad en Colombia a través del conflicto armado en el que participan tanto grupos de la insurgencia[7], como paramilitares y aparatos de seguridad del Estado. Situaciones similares se han vivido en países de Centroamérica como Guatemala; o en Sudamérica con el caso peruano. Estos conflictos internos terminan generando un desplazamiento masivo y forzado de la población rural y semi-rural hacia las cabeceras municipales. Dentro de ellas, la población desplazada sólo tiene la alternativa de asentarse en suelos no aptos para adecuados procesos de urbanización por problemas de ausencia de redes, servicios, infraestructura y en muchas ocasiones sujetos a vulnerabilidades asociadas a procesos de remoción en masa o inundación, entre otros. Unos espacios no considerados por la planeación urbana y que presentan una alta segregación residencial socioeconómica.
A pesar de que existen características internas que los diferencian según el país o ciudad en el que se desarrollen, los asentamientos informales también llamados villas miseria en Argentina, favelas en Brasil, colonias populares en México, urbanizaciones piratas en Colombia o pueblos nuevos en Perú, representan además de la penuria de una población sin recursos, una misma forma de construir ciudad[8]. Sus habitantes implantan sus propias viviendas generalmente de manera ilegal, a través de la invasión de tierras públicas o privadas o al adquirir un terreno en subdivisiones ilegales, porque los terrenos legales tienen valores inalcanzables para una población sin un ingreso económico regular[9]. Sus viviendas tampoco pueden cumplir con las estrictas normativas edilicias, así que terminan siendo igualmente ilegales y, por tanto, irreconocibles formalmente dentro de la propia ciudad.
Estos asentamientos, resultado de la propia debilidad de las políticas estatales de vivienda y de la significativa desigualdad económica y social presente en la ciudad, suelen estar condicionados por la escasa cobertura de servicios públicos e infraestructuras, y la ausencia de espacios sociales definidos[10]. Unos asentamientos que en continuo suelen conformar, tal como afirma Torres[11], “una ciudad informal caracterizada por la ciudad formal que desde sus mismos componentes reafirma una condición de exclusión: desde la economía se considera informal, a nivel jurídico se le considera ilegal, desde la arquitectura se ve como informal o no-arquitectura, desde el análisis urbanístico se evidencia como ciudad incompleta y desde lo social se analiza como ciudad marginal”. Esta dualidad y la carencia de múltiples componentes de lo “urbano”, además de configurar una narrativa urbana discontinua, parecen fomentar una creciente segregación residencial socioeconómica.
Una segregación que lejos de rescatar el propio valor de los procesos arquitectónicos y urbanísticos singulares que componen la propia estética de los asentamientos informales[12], les penaliza y designa con una terminología que suele tener una connotación despreciativa. Según Cavallieri, actualmente cuando se designa algo como “favela”, de la forma en la que se usa habitualmente, se sabe que se trata de un lugar pobre, desorganizado y peligroso. Espacios que han sido tratados por la conciencia social como un “cáncer urbano”, como un problema que debe ser extirpado. Sin lugar a dudas, son visiones negativas que encierran equivocaciones y refuerzan algunos preconceptos que tienden a aumentar la brecha existente entre las distintas clases sociales.[13]
Se puede afirmar, entonces, que el problema de la informalidad urbana en América latina no es un asunto del pasado sino que por el contrario es un asunto del presente y del futuro, que reclama acciones decididas desde el Estado y la formulación y materialización de políticas públicas urbanas. Políticas que contribuyan definitivamente a la incorporación real de estas poblaciones vulnerables al disfrute del derecho a la ciudad, siendo reconocidos como ciudadanos plenos.
Relaciones entre la segregación residencial urbana y los asentamientos informales
La desigualdad urbana provocada por la propia desigualdad del ingreso, la injusta distribución de los recursos urbanos y la discriminación en el mercado formal de la vivienda, alimentan la concentración de población homogénea en determinadas áreas dentro de la ciudad. Esta desigualdad intra-urbana refuerza la diferenciación de la ciudad en zonas mejor equipadas donde se concentra la población con mayores recursos[14] y otras zonas en donde suelen acumularse las adversidades.
A estas últimas pertenece la población que habita en los barrios más precarios, en donde el grado de movilidad social tiende a ser mucho menor[15] y las limitaciones, debido al aislamiento urbano, suelen multiplicarse[16]. En muchos de estos lugares se puede generar una concentración de individuos homogéneos caracterizados por tener, entre otras, pocas esperanzas de entrar en una estructura de producción, la aceptación de una imposibilidad de progresar, la carencia de la proximidad de modelos individuales exitosos a imitar, una imposibilidad de capacitación para la obtención de empleo, y una cada vez más impositiva tendencia a formar su identidad a través del mundo del consumo[17].
Esta concentración de la población urbana sobre espacios de composición social homogénea, clasificados generalmente desde su nivel socio-económico o capacidad tributaria, producen, según Katzman[18], una segregación residencial socioeconómica. La población se localiza en determinados espacios urbanos acordes con sus ingresos y se aparta del contacto con otras clases socioeconómicas urbanas. Poco a poco se pierde el sentido de la ciudad como lugar de la expresión de las demandas y de la identidad colectiva, y con ella, la posibilidad de participación política a la que el ciudadano tiene derecho.
Este distanciamiento tiene fuertes consecuencias negativas en la sociedad, produciendo también una importante segregación educacional, una segmentación de servicios y usos de lo público y una fractura laboral que dificulta la inserción en el mercado de trabajo. Pero lejos de ser los únicos efectos, ejercen también una gran influencia en el riesgo de ser víctima de delitos o elevar las tasas de homicidios[19]. Se crean una serie de agujeros en la estructura social urbana en donde los propios efectos de la segregación llevan a sus pobladores a manifestarse a través de la violencia, la creación de bandas, el incremento de robos, el aumento en el consumo de alcohol y el tráfico de drogas[20].
Al no tener muchas alternativas, la población que habita en estos lugares de la ciudad tiende a aceptar las actitudes delictivas de su entorno y las incluye dentro de sus propios catálogos de conducta o de aprobación social. Sin embargo, estas mismas actitudes violentas al diferir de las normativas por las que se rigen los otros barrios que conforman la ciudad, fomentan el aislamiento de los sectores más afectados y producen un rechazo por parte de los barrios “incluidos”. El aumento de la criminalidad genera un creciente temor que es manifestado a través de su blindaje en los cada vez más comunes condominios cerrados de las clases medias y altas[21]. Esto comprueba que las distintas manifestaciones de violencia que resultan de la propia segregación urbana, a través de un efecto cíclico, contribuyen continuamente a multiplicar el aislamiento.
Está claro que esa actitud de atrincheramiento sólo los condena a vivir tras la protección de la policía y a destinar un presupuesto tan cuantioso o incluso mayor que el correspondiente a la educación, a la seguridad y al mantenimiento y construcción de cárceles[22]. Lamentablemente, en muchas ocasiones las propias políticas de seguridad urbana no colaboran y tienden a criminalizar la ciudad informal, creando barreras más amplias que aumentan la estigmatización.
Estas barreras producen una ruptura en la estructura socio-territorial que fragmenta el territorio urbano, convirtiéndolo en un contenedor de islas. Un mosaico de espacios inconexos desde su identidad, funcionalidad y gobierno. Lugares donde no existe el espacio del encuentro con el otro ni la aceptación de sus diferencias. Donde se pierden los espacios públicos y referenciales que son vitales para la construcción social y el sentimiento de pertenencia[23]. En ellos se diluye el ámbito público como espacio de encuentro entre los ciudadanos para lo no cotidiano y para poder exigir libertad y justicia.
Sin embargo, es preciso mencionar que estos sectores de bajos ingresos construyen dentro de sus posibilidades, particulares formas de sobrevivencia, muchas veces no reconocidas desde la formalidad, las cuales les garantizan el poder sobrellevar las condiciones de precariedad. Son las redes y tejidos sociales de solidaridad, las formas organizativas y el empeño colectivo e individual por salir adelante, lo que permite que estas comunidades mejoren en el tiempo sus condiciones de habitabilidad y subsistencia.
Tal como se observa el panorama, los ciclos de violencia, pobreza y segregación continuarán y se multiplicarán, al menos que se produzca un movimiento de desfragmentación. Un claro movimiento de integración urbana. Pero, ¿qué estrategias podrían ser útiles para lograr esa inserción urbana y cuál sería el campo idóneo de experimentación?
La ciudad de Ibagué y el barrio Las Delicias como caso de estudio
La experiencia de las intervenciones realizadas en algunas ciudades latinoamericanas con el fin de promover la inserción urbana de sectores informales o de bajos ingresos resulta ser enriquecedora. A través de ellas se ha comprobado que las intervenciones puntuales terminan siendo insuficientes, al igual que los grandes proyectos de renovación y reasentamiento. Proyectos que además de infructuosos, resultan insostenibles y atentan contra el tejido social ya generado en estos lugares. Sin embargo, las actuaciones más integrales y respetuosas con las comunidades y la propia estructura urbana existente han demostrado ser las más adecuadas hasta ahora. Unas intervenciones que suelen abarcar una amplia gama de aspectos urbanos en los que, además de proveer infraestructuras y servicios, se promueve la participación ciudadana y la generación de empleo a través de la constitución de asociaciones y la capacitación laboral.
Este tipo de intervenciones, usualmente financiadas por el BID[24], han sido implantadas como programas de mejoramiento integral de barrios en varios países latinoamericanos. Entre ellos se encuentran Brasil a través del programa Favela-Bairro de Rio de Janeiro, Colombia con los PUI (Proyectos Urbanos Integrales) de Medellín[25], el MIB (Mejoramiento Integral de Barrios) en Bogotá, y en Chile desde el programa Chile Barrio. Los resultados, además de mejorar la calidad de vida de la población con bajos recursos, han mejorado considerablemente las relaciones entre barrios. Así lo demuestra un estudio de evaluación[26] que sitúa entre un 82% y 99% el grado de satisfacción de la población beneficiada con los servicios implantados por el programa Favela-Bairro (PROAP I), mientras que un 82% asegura un incremento en su calidad de vida y un 55.9% una mejoría de las relaciones con los barrios vecinos. La legalización de la vivienda, implementada en este programa, también ha modificado las relaciones de la población con el entorno, de manera que ahora los comportamientos son mucho más cuidadosos con el espacio público y la vivienda[27]. Con la dotación de servicios, infraestructura y la posibilidad de tener una dirección, la comunidad empieza a tener una actitud más ciudadana.
Según Brakarz, el mayor impacto urbano que producen los Programas de Mejoramiento Barrial es la integración, desde distintas dimensiones, de los asentamientos informales a la ciudad formal[28]. Una integración que tiende a romper las barreras entre las poblaciones de distintos niveles socio-económicos y que mejora la calidad de vida de sus habitantes. Estos programas ya implantados, también han dejado importantes lecciones para el diseño de futuras estrategias de integración. Entre ellas la priorización de la regulación, que en muchos casos los pobladores ni la desean, pero que después de realizadas las intervenciones dejan de ser sólo un derecho y se convierten también en un deber ciudadano. El extender y flexibilizar los plazos de tiempo en las intervenciones para permitir una consolidación de los procesos de mejoramiento, más que concentrarse directamente sólo en las acciones[29]. Además del fortalecimiento de los escenarios de participación comunitaria y la formación de sujetos capaces de constituirse en los gestores de su propio desarrollo[30].
La mayoría de estos procesos de inserción urbana han sido implantados con mayor frecuencia en ciudades de tamaño considerable. Una situación comprensible, ya que éstas han sufrido con mayor intensidad a lo largo del tiempo la migración campo-ciudad y además poseen el respaldo financiero necesario para llevar a cabo estos programas. Sin embargo, ¿qué sucede con las pequeñas y medianas ciudades que se han ido convirtiendo poco a poco en centros de atracción de una población que tiende a ampliar sus periferias descontroladamente?, ¿sería posible encontrar alternativas más asequibles de inserción para estos centros urbanos con poco capital y presupuestos muy limitados?
Dentro del desarrollo de este trabajo se intentará encontrar una aproximación a estas cuestiones, a través del estudio evolutivo de los asentamientos informales en la ciudad de Ibagué –Colombia– y desde la exploración de un asentamiento de origen informal con problemas de segregación urbana.
Ibagué
La ciudad de Ibagué como capital del departamento del Tolima, tiene una población aproximada de 495.246 habitantes[31] distribuidos en las 13 comunas que la conforman. Es una ciudad intermedia que se encuentra delimitada por el cañón del río Combeima al sur, los imponentes cerros tutelares al norte y una extensa llanura agrícola hacia el oriente.
En sus inicios, Ibagué presentó un desarrollo concéntrico en torno a la plaza principal que debido a las limitaciones naturales, fue evolucionando hacia un crecimiento más lineal y de expansión hacia el llano. En la década del 40 y 50 comienza a tener los primeros fenómenos de crecimiento informal en las áreas periféricas de la ciudad, producto de los procesos migratorios derivados de la fuerte violencia rural vivida en el país.
Según los datos que proporciona Neira, la violencia que sufrió el departamento del Tolima entre 1949 y 1958[32] fue tan contundente que obtuvo el primer lugar en las cifras de mortalidad por violencia, representando el 41% del total por este tipo de todo el país. Esta cruda realidad incrementó la población de la cabecera municipal aceleradamente, pasando de tener 98.695 habitantes en 1955 a 163.661 hacia 1964[33]. Un desplazamiento que aumentó la población de la ciudad en un 65.8% aproximadamente en tan sólo 9 años.
La mayoría de los campesinos ante la imposibilidad de resolver formalmente sus demandas de vivienda, invadieron los terrenos municipales apoyados por políticos, sindicatos, algunas asociaciones como la de ejidatarios, e instituciones como Provivienda[34]. Estas mismas se convirtieron en los principales agentes de recepción y orientación de emigrantes, además de guiar muchos de los posteriores procesos de legalización de los asentamientos ubicados sobre los ejidos de la ciudad. Cabe mencionar que, junto a la gran parte de ejidos que han sido continuamente utilizados por entidades privadas con fines netamente especulativos, muchos fueron también destinados a resolver el problema del déficit de vivienda a través del clientelismo político.
Al incremento en la demanda de vivienda entre 1960 y 1970, el gobierno municipal respondió con la parcelación de terrenos urbanos carentes de los principales servicios públicos. Una decisión que ayudó a resolver el problema inmediato de vivienda pero que, al estar fuera de un plan coordinado para la ciudad, consiguió también propiciar la especulación y el crecimiento descontrolado de la periferia. Junto a esa expansión se reprodujo el hacinamiento, los conflictos sociales, la delincuencia y los accidentes de tráfico. Las invasiones resultaban de la adición de viviendas insertadas en una malla urbana irregular, defectuosa y discontinua, que impedía su correcta interacción con la ciudad preexistente[35].
La limitada capacidad que ha tenido hasta ahora el gobierno municipal de afrontar la situación desde una óptica más integral –involucrando a diversos actores y no sólo desde pequeñas acciones que mejoraran la cobertura de servicios y la legalización de las viviendas– han propiciado el establecimiento de mayores desigualdades urbanas. Este desequilibrio se intensifica en Ibagué donde hacia el 2004, el hacinamiento alcanzó el 11.4% y la dependencia económica un 7.3%[36]. Datos que se complementan con las estadísticas del 2008, donde un 26.7% de la población (130.336) presentaba Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de las cuales un 7.5% (36.584) se encontraba en niveles de miseria[37].
A pesar que la ciudad no presenta evidencias globales[38] de una marcada segregación socio-espacial histórica, como ocurre en otras ciudades del país, sí experimenta dispersos focos de una segregación residencial socio-económica vinculada a ese incremento de las desigualdades urbanas y al aislamiento de algunas comunidades localizadas en la periferia.
Aunque la proporción de asentamientos informales disminuye entre 1970 y 2000, pasando a concentrarse en pequeños focos dentro de las mismas áreas, hacia el año 2008 la presencia de éstos se incrementa considerablemente. Situación que se evidencia al comparar el inventario realizado por el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, en el que se especifican 36 barrios informales[39] y el de su revisión del año 2008, en el que se contabilizaron 65 asentamientos. Y es que el recrudecimiento de la violencia en las zonas rurales, entre otros factores, provoca nuevos desplazamientos de la población que acaban incrementando los asentamientos informales o instaurando otros, a través de invasiones o de la adquisición de parcelaciones clandestinas en las áreas adyacentes a las preexistentes.
Según los datos suministrados por RUPD[40], la ciudad de Ibagué contabilizaba la recepción de 45.564 personas en condición de desplazamiento hacia diciembre de 2009. Parte de ellos provienen del área rural y de municipios del propio departamento del Tolima. Estos desplazamientos de población hacia la cabecera municipal no sorprenden al observar las cifras del SISBEN[41] 2003 para todo el departamento, que señalan “que el 25% de los hogares encuestados pertenecientes a los niveles 1, 2 y 3 de pobreza, manifestaron no poseer vivienda propia, o viven en hacinamiento (3 o más personas en un mismo cuarto), o más de 2 o 3 hogares que viven en una misma casa o apartamento, este valor corresponde a un déficit de cerca de 70.000 unidades de vivienda distribuidas así: 55.000 urbanas y 15.000 rurales”[42].
Algunos asentamientos informales de las riberas del río Combeima al sur de la ciudad, del río Chipalo y de ciertas áreas de los cerros tutelares al norte de la ciudad resultan ser receptores de esa población desplazada. Unos lugares que al ser ilegales y al carecer de infraestructura, servicios públicos, equipamiento y elementos de participación que lo vinculen tanto física como socialmente a la estructura de la ciudad formal, tienen una posición de desventaja frente a la población que habita en los otros barrios que conforman la ciudad.
La situación desfavorable se intensifica a nivel socioeconómico pues la población que habita en estos espacios carece frecuentemente de la capacitación para competir por un empleo formal, más aún cuando la tasa de desempleo en la ciudad ha sido la más alta del país durante una década. Unas tasas que llegan a alcanzar hacia el 2003 un 25.4% de desempleo –y un 39.7% de subempleo subjetivo– y que, aunque disminuye hacia el 2008 con un 19.8%, todavía siguen siendo las más altas en comparación al resto de ciudades[43]. Este desempleo ha fomentado el subempleo y ha intensificado las ventas ambulantes como una de las pocas alternativas lícitas para sobrevivir en la ciudad. La incapacidad de obtener un empleo formal en un ambiente cada vez más competitivo les condena continuamente a una segmentación laboral.
El Gobierno Municipal ha intentado encontrar soluciones promoviendo algunos programas puntuales de regularización, de mejoramiento de la infraestructura o de servicios, e inclusive ha puesto en marcha políticas estatales para llevar a cabo algunos programas habitacionales en la ciudad como El Barrio El Jordán, la Ciudadela Simón Bolívar, y El Topacio. Sin embargo las políticas de vivienda y su aplicación precisan ser más efectivas, pues hacia el año 2004 la demanda de vivienda para los estratos 1 y 2 era del 52% y para el estrato 3 del 34%, además el déficit cuantitativo estimado de vivienda ya ascendía a 25.622 unidades[44]. Déficit que alcanza, en la proyección estimada para el 2008, 27.165 viviendas[45]. Además en la actualidad, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial[46] cuenta con un programa de mejoramiento integral de la vivienda –que se complementa con uno de reasentamiento y de vivienda de nueva construcción–, todavía no menciona ningún programa concreto de mejoramiento barrial a nivel municipal.
Además, el desarrollo de conjuntos cerrados se ha multiplicado en los últimos años como alternativa habitacional ofrecida por los promotores inmobiliarios privados, mientras las soluciones de interés social, que pretenden hacerle frente al déficit de vivienda, ofrecen opciones viables en las zonas alejadas de expansión urbana, con áreas construidas de 22.5m2 en lotes de 50m2[47]. Un espacio muy reducido para el programa que requieren los usuarios, pues el promedio de habitantes por vivienda es de 3.6 personas en la ciudad[48]. Pero sobre todo, porque la población de escasos recursos económicos suele tener familias más numerosas que tienden a desarrollar su trabajo en las propias viviendas.
Las consecuencias frente a la carencia de políticas de vivienda más integrales que involucren diversos actores, y la ausencia de una aplicación real de la planificación en la ciudad, se manifiestan en la aparición, en ciertas áreas de la ciudad, de conflictos que antes sólo pertenecían a las zonas rurales. En muchos casos, la falta de respeto a los derechos humanos, los altos índices de impunidad y las bajas condiciones en la calidad de vida en estos asentamientos, afectan las relaciones interurbanas y empiezan a trastocar el desarrollo total de la ciudad.
Barrio Las Delicias
El barrio “Las Delicias” constituye un área periférica y aislada dentro de la ciudad de Ibagué, caracterizado por ser receptor de una población en condición de desplazamiento forzado por el ya mencionado conflicto armado y que se vive con mayor intensidad en las áreas rurales del país[49]. Ubicado en los cerros tutelares como parte de la Comuna Seis, cuenta aproximadamente con 2.750 habitantes, 550 viviendas y un tamaño de 11.5 Hectáreas[50].
Este lugar presenta graves carencias en diversos órdenes socio-económicos además de mostrar una preocupante degradación del entorno urbano y ambiental. Un deterioro creciente producto de la contaminación del arroyo La Balsa que abastece el acueducto comunal, la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo (deslizamiento, inundación, sismos, etc.) y el creciente uso del precario espacio público para el consumo de estupefacientes y actividades delictivas. La violencia intrafamiliar, la descomposición familiar y la pérdida de valores están empezando a llevar a algunos jóvenes a ver como única alternativa de vida el ingreso en los grupos armados o pandillas juveniles. Asociadas a estas dinámicas negativas frente al entorno, se ha generado además una problemática importante de estigmatización de la población del barrio por parte de las comunidades vecinas.
En un acto simbólico contra la violencia realizado por la Fundación Social[51], la situación es explicada por una líder de la comuna de la siguiente manera: “Acá en la comuna somos muy egoístas sin pensar en las consecuencias (…) la incomprensión en los hogares hace que los jóvenes permanezcan mucho tiempo en la calle, o no estudien, dañen los parques, molesten a los niños pequeños, roben, perturben la tranquilidad de las zonas comunes (…)”[52]. Otra habitante del Barrio Las Delicias comenta: “Los muchachos en las tardes y en las noches se van a la quebrada a meter vicio, no respetan que hay niños y otros jóvenes que no tienen por qué terminar metidos en lo mismo con ellos. Las presiones son muchas”[53].
Es posible que esta situación se presente como reflejo de una ausencia de pertenencia al territorio y tienda a incrementarse a través de repetidas manifestaciones violentas de inconformidad. Estas actitudes terminan condicionando la comunidad y generan un tipo de configuración espacial particular que se origina a través de la proyección de los imaginarios del miedo[54]. Esta configuración determina el uso de los espacios públicos de la comunidad y los condiciona al abandono y, muchas veces, a la marginación. La desatención del espacio público –como constitutivo de un tejido social de relaciones– colabora a la formación de un conjunto de actividades ilícitas como la venta y el consumo de estupefacientes e incluso hasta la prostitución infantil en los espacios más cercanos al arroyo[55]. Una situación de degradación como resultado de las actitudes de una minoría, pero que perjudica a toda la comunidad y hace parte de la preocupación de la mayoría de familias que conforman el barrio.
A su vez, la continua llegada de población por el desplazamiento forzado produce una ruptura de los tejidos sociales y altera el sentido de pertenencia de la comunidad. La segregación empieza a tomar fuerza y se reproduce, en parte, por la ausencia de directrices que orienten la inserción de esta población en la Comuna. Las asociaciones existentes, aunque con buenas intenciones, no logran sus objetivos debido a la propia situación de orden estructural. Una realidad que involucra tanto al conflicto interno, como la inequitativa distribución de la pobreza y a la que se suman algunos aspectos importantes. Entre ellos, la presencia forzada de una población que ya tenía solucionado el problema de la vivienda en su lugar de origen, la citada ausencia de participación comunitaria en la construcción de su propio entorno y la carencia de un Plan de Mejoramiento Barrial que dirija y coordine sus esfuerzos.
Evocando el problema de la ausencia de arraigo, el Edil de la comuna seis argumenta: “Si a la ignorancia se le suma el no tener sentido de pertenencia frente al sector en donde se vive, pues los recursos como el agua y los bosques se nos agotan. Hay gente que por mala gente, prende fuego a los bosques, no más por crear problemas a los pobladores. Hay gente así, por eso colocamos el portón y el vigilante a la entrada del bosque (…)”[56].
Está claro que la solución no está en promover medidas coercitivas que impidan el libre acceso a los espacios comunes de la ciudad, ni mucho menos condenar o aislar a una población que ya ha sido víctima de la violencia. Una opinión que comparte la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ibagué desde su colaboración en el Plan Participativo de la Comuna Seis desarrollado en el 2004 por la Fundación Social y la Gobernación del Tolima. Un proyecto en el que se realizaron algunos diagnósticos genéricos y proyectos de planificación comunal.
Precisamente en el diagnóstico adelantado para la formulación del Plan Participativo y a través de estas actividades realizadas en el barrio por los estudiantes y profesores de Proyectos de la Facultad, fue como se encontraron algunas de las razones por las que predominaban algunas actitudes de degradación y desarraigo de los pobladores respecto al territorio. Así, la carencia de una identidad, un desconocimiento del propio entorno urbano-ambiental, la baja o casi nula posibilidad de participar en las decisiones que comprometen la construcción de su propio entorno y la precaria inserción urbana constituían las razones más notorias y preocupantes. Una situación que precisa de acciones integrales que involucren a la mayor cantidad de actores, tanto de la comunidad como representantes del gobierno municipal y de la academia.
Una propuesta de mejoramiento barrial a partir de un proyecto de cooperación universitario
Desde el reconocimiento de esta problemática se propone el Proyecto de Cooperación Universitario entre la Universidad de Granada (España), el CICODE y la FHACS[57] de la Universidad de Ibagué (Colombia). Un proyecto por implementar que tiene como objetivos el lograr una inserción socio espacial del barrio, un control social del espacio a través de una cualificación barrial urbano-ambiental, una restitución del espacio público y un renovado protagonismo de su población en la gestión de su entorno. Todo ello a través de pequeñas intervenciones que no exijan grandes inversiones y que, en su inicio, puedan ser financiadas parcialmente por el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo y a las que Planeación Municipal les dará continuidad en el tiempo.
Se aprovecha la ubicación estratégica de la Universidad de Ibagué en la Comuna Seis, y las buenas experiencias de algunas capacitaciones ya realizadas en la comunidad frente a la gestión local del riesgo. El objetivo es mejorar las condiciones del entorno urbano-ambiental del barrio desde el fortalecimiento de la capacidad operativa de sus habitantes con una interacción continua entre academia-comunidad y planeación municipal.
Para ello, y teniendo como base el diagnóstico ya realizado para el Plan Participativo de la Comuna, se proponen una serie de actividades, resultado del análisis inicial de las problemáticas encontradas en el barrio. Éstas son estudiadas a través del desarrollo de un árbol de problemas. Un estudio de causas y efectos que no sólo permite analizar la realidad, sino que además establece las bases de una intervención operativa[58]. A su vez, las actividades propuestas, lejos de buscar ser simples realizaciones puntuales y aisladas, tienen como objetivo convertirse en procesos de mejoramiento. Una búsqueda enfocada a crear, a lo largo del tiempo y desde pequeñas intervenciones sobre el espacio público, procesos de mejoramiento en cadena en el barrio. Una meta que se pretende lograr con un proyecto de cooperación que promueve intervenciones como resultado de encuentros con la comunidad. Intervenciones que involucran el trabajo[59] de la población y su voluntad para mejorar.
Para determinar nuevas problemáticas, verificar la vigencia de las ya estudiadas, y las relaciones existentes entre el barrio y sus habitantes, el Proyecto de Cooperación plantea, dentro de sus actividades, la realización de un diagnóstico técnico-participativo. Le sigue una necesaria campaña de reconocimiento del entorno urbano-ambiental dirigida a toda la comunidad y, como parte fundamental del proceso, se planean una serie de encuentros comunitarios e interuniversitarios mensuales con el objetivo de encontrar estrategias de intervención para una cualificación barrial participativa. Estas propuestas se concentrarán y serán realizadas inicialmente en el recorrido del arroyo La Balsa –como principal fuente de agua– y en los espacios públicos en el interior del barrio[60]. Finalmente, se pretende diseñar y entregar un Plan de Mejoramiento Barrial a la comunidad, que oriente el desarrollo del barrio y que contribuya a la sostenibilidad de los procesos ya iniciados.
No se proponen grandes intervenciones de mejoramiento anticipadas, porque el objetivo principal del proyecto es conseguir que la comunidad sea capaz de construirlas desde su propia participación. Postura que no justifica una ausencia de coordinación. De hecho, todas las actividades se programan y se insertan en una matriz de planificación con los indicadores objetivamente verificables, las fuentes de verificación y las hipótesis de cada uno de los objetivos y actividades a realizar. Una vez integradas en un cronograma, se realiza además un desglose y justificación de cada una de las partidas presupuestarias, los procedimientos de ejecución, estudio de la viabilidad –políticas de apoyo, aspectos institucionales, socioculturales, enfoque de genero…etc.– y los cauces de seguimiento.
Las pequeñas intervenciones se distribuyen sobre el territorio como una acupuntura urbana. Una serie de dinámicas sostenibles que son, en este caso, necesarias para revitalizar y ayudar a curar, mejorar y crear nuevas acciones positivas en la ciudad[61]. Así mismo, más que lograr una gran transformación física sobre el espacio público, se pretende introducir costumbres, crear memoria urbana y construir esos espacios a través de la historia de cada uno de sus habitantes. Sin embargo, ¿Cómo lograr una continuidad en las actuaciones y la participación de una comunidad que ha estado pasiva en la construcción de su propio entorno?
La solución podría estar en el establecimiento de un organismo mediador permanente: un Observatorio Urbano de Asentamientos Informales en la Universidad de Ibagué como organismo de gestión, evaluación y apoyo institucional. Una plataforma capaz de instruir a la población en la valoración y conocimiento de su propio entorno, incentivar su participación tanto en el diseño como en la realización de estrategias y lograr la sostenibilidad de las aplicaciones realizadas. Un observatorio de mejoramiento barrial, que desde sus inicios se enfrentará a la valoración del entorno –diagnósticos, implantación de papeleras y contenedores…–, la participación e integración de la población en la construcción de su territorio y en la generación de un Plan de Mejoramiento Barrial Participativo que asegure la sostenibilidad del proyecto.
El observatorio, además de ser el centro generador de estrategias participativas de mejoramiento barrial, se plantea como un espacio para el encuentro multicultural que propicie, entre otras cosas, la convivencia de los estudiantes con la ciudad. La Universidad no sólo tendrá un papel pasivo como receptor y procesador de datos e información, sino que además tendrá la capacidad de proveer una visión más generosa de la sociedad. Una visión necesaria para esta ciudad que precisa de atención y de acciones similares en más de 65 asentamientos[62].
Orientado desde la cooperación universitaria y tomando como base la experiencia del Laboratorio de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, el Observatorio se configura como un espacio abierto al encuentro de alternativas de mejoramiento barrial, que ayudará desde sus propuestas multiagente –compuestas por las universidades, la comunidad y la administración municipal–, a incrementar el interés comunitario por la participación democrática, a mejorar la calidad ambiental y a contribuir en el desarrollo del barrio desde el fortalecimiento de los vínculos entre sus habitantes.
Cada uno de estos actores tiene una implicación en el desarrollo, gestión y sostenibilidad de la propuesta. La FHACS de la Universidad de Ibagué, con la coordinación del Laboratorio de Urbanismo de la UGR, consolidará el Observatorio, coordinará sus actividades, incorporará a los estudiantes y mantendrá un continuo contacto con la comunidad. Esta última, además de ser receptora, tendrá la oportunidad de expresar sus conocimientos y necesidades reales del entorno. Por ello, harán parte activa tanto de las campañas propuestas, como de los encuentros bimensuales y en la implementación de las intervenciones. Planeación Municipal igualmente participará en dichos encuentros, subvencionará un porcentaje tanto de las actividades como de las intervenciones e implementará el Plan de Mejoramiento Barrial resultante.
El alcance de la propuesta está puesto en configurar un ambiente propicio para la generación de estas dinámicas para la ciudad. Una experiencia que lejos de entenderse como aislada, representa una posibilidad de replicabilidad en otras ciudades intermedias, a partir de la adaptación a las distintas situaciones y contextos informales.
Una propuesta que tiene en cuenta las limitadas condiciones económicas de estas ciudades, que carecen de altos presupuestos, pero que cuentan con una gran capacidad de recursos humanos e institucionales. Por ello, apuesta por la cooperación universitaria como fuente parcial de recursos económicos y técnicos, e incentiva la aproximación entre las administraciones y la comunidad. Además, la presencia de instituciones educativas de relevancia puede convertir a esta experiencia en un referente, a partir del establecimiento de una plataforma mediadora similar al Observatorio propuesto.
En definitiva, es un proyecto comprometido con la disolución de las barreras urbanas que fragmentan el territorio y corrompen el tejido social. Pensado para entrelazar áreas urbanas contiguas pero aisladas a través de la restitución del espacio público como lugar de encuentro, apuesta por reconocer que la producción de la ciudad es propia de los colectivos, el gobierno y la sociedad[63]. Tan sólo desde la aceptación y del encuentro con el “otro”, se puede construir una ciudad más democrática, pacífica y sostenible.
Reflexiones Finales
Desde mediados del siglo XX, los grandes procesos de migración en Latinoamérica han contribuido a la proliferación de amplios tejidos informales característicos de la configuración actual de sus ciudades. Un desplazamiento forzado que en la mayoría de los casos es producto del recrudecimiento de la violencia en las áreas rurales. Su asentamiento en áreas adyacentes a barrios más consolidados suele acompañarse de problemas de segregación residencial socioeconómica.
Para lograr una adecuada inserción urbana, se hace necesario desarrollar guías, crear políticas de integración y promover asociaciones cuyo objetivo sea el de orientar a la población desplazada en los procesos de asentamiento. Sin embargo, el predominio de soluciones puntuales, unido a la falta de directrices generales en la planeación de la ciudad, no hace sino incentivar la especulación. Es necesario buscar propuestas de mejoramiento integrales que sean sostenibles, que se mantengan en los cambios de administración y que hagan parte del propio Plan de Ordenamiento Territorial.
En los últimos años, la indiferencia estatal, de las administraciones municipales, de las instituciones y de los propios ciudadanos ha aumentado el aislamiento y la debilidad del tejido social. El creciente atrincheramiento urbano de las clases medias junto a la creación de medidas coercitivas no ha hecho sino acrecentar la segregación residencial. Lejos de promover conjuntos residenciales cerrados –que además de tener altos costes, suelen resultar improductivos–, la administración debería apostar por restituir el sentido colectivo del espacio público perdido como lugar del encuentro de las diferencias.
En las grandes capitales latinoamericanas, con suficientes presupuestos y capacidad de financiación, algunas de estas propuestas se han desarrollado. Las experiencias obtenidas con la implementación de Programas de Mejoramiento Barrial, sus procesos, ventajas, desventajas y posteriores evaluaciones, pueden orientar –en ningún caso limitar– el diseño de estrategias para las ciudades intermedias. Estas últimas, carentes de elevados presupuestos, suelen contar sin embargo, con un gran potencial de recursos humanos e institucionales que pueden ser aprovechados. A partir del establecimiento de un organismo mediador –como es el Observatorio Urbano de Asentamientos Informales propuesto–, se pueden canalizar las capacidades institucionales –educativas– como enlace entre la administración y la comunidad. Un instrumento capaz de ampliar las posibilidades de participación, encontrar y orientar las estrategias de intervención y procurar la sostenibilidad de los procesos de mejoramiento.
A su vez, los problemas económicos encontrados frecuentemente en el desarrollo de estos proyectos, podrían inicialmente resolverse a partir de la cofinanciación por parte de entidades públicas, privadas y de proyectos de cooperación. Aportaciones que impulsarían estas iniciativas y a las que la administración y la propia comunidad darían continuidad.
No se puede olvidar que los procesos de segregación residencial socioeconómica también inciden en la segmentación laboral. Por lo tanto, estas propuestas deben proponer a su vez programas de capacitación laboral y empleo, así como mecanismos para la financiación de micro-empresas o famiempresas, además de incluir intervenciones físico espaciales urbanas. Tampoco dejar de lado que algunas de las actitudes de desarraigo que se manifiestan en el abandono, uso indebido del espacio público, o de los recursos naturales, provienen de la ausencia de conocimiento del entorno urbano. La educación y el desarrollo de campañas de reconocimiento barrial podrían ayudar a mejorar estas relaciones.
El asentamiento informal del barrio “Las Delicias” en Ibagué, constituye el área de estudio de esta investigación. Una propuesta que involucra la participación de distintos actores urbanos en la ciudad de Ibagué: Planeación Municipal, las distintas universidades y la población que habita en la comunidad junto a sus líderes comunales. Se programan pequeñas intervenciones dentro del propio espacio público del barrio, capaces de revitalizar las relaciones vecinales y desde una planificación consensuada. Sin embargo, el reto está en mantener esos procesos. Para ello y como apoyo, el Observatorio Urbano de Asentamientos Informales propuesto desde la Universidad velará por mantener y sembrar el interés de todos en la construcción de una ciudad más integrada.
Por último, las posibilidades de replicabilidad que tiene esta experiencia en otros asentamientos de la ciudad e inclusive en distintos contextos informales de otras ciudades intermedias, viene en gran parte determinada por la consolidación de un organismo capaz de diagnosticar, mediar y orientar sus propios procesos urbanos. No se puede olvidar que la sostenibilidad y la futura aplicación de estas estrategias parten de su integración tanto en los planes de desarrollo municipal como en los de ordenamiento territorial. Un desafío que sólo es posible superar con la aceptación, por parte de las administraciones, de que la producción de la ciudad debe ser compartida.
Notas
1 Artículo basado en la Investigación “Activación Urbana en Asentamientos Informales. La ciudad de Ibagué como Laboratorio de Experimentación”. Tesis Doctoral de Ingrid Vargas Díaz dirigida por Dr. Ing. De Caminos Alejandro Grindlay Moreno, programa de doctorado Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Universidad de Granada. Postulado a financiamiento en la XIX convocatoria para proyectos de Cooperación Universitaria del Cicode de la UGR.
[1] A pesar de que los ritmos en los procesos de urbanización tienen variaciones de país a país, como se observa en la Fig.1. Es a mediados del S. XX cuando se empiezan a experimentar con mayor proporción los acelerados procesos de crecimiento urbano en Latinoamérica.
[2] Rodríguez, 2001.
[3] Sabatini, 2000.
[4] Se refiere tanto a la relación directa entre crecimiento urbano y progreso, como a la relación entre crecimiento económico y desarrollo de un territorio y su población.
[5] Portes, 2004; Stiglitz, 2007.
[6] Davis, 2007:81.
[7] Cabe aclarar que para la primera década del siglo XXI tienen presencia en Colombia las FARC (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) como los dos grandes grupos guerrilleros con más presencia en el territorio colombiano, además de otros pequeños grupos.
[8] Según Clichevsky, la magnitud de la informalidad urbana superaba aproximadamente el 40% en ciudades como Bogotá, Caracas, Lima, México y Quito hacia 1999. Ver Clichevsky, 2000: 18.
[9] Hardoy, 1987: 7.
[10] Siendo secretario de Habitaçao de Rio de Janeiro, Magalhaes afirmaba: “La favela está aislada sobre todo urbanísticamente, por la ausencia de servicios públicos, de accesos, de limpieza urbana, de equipamientos de deporte y ocio, y por la indefinición de lo que es público y de lo que es privado”. Cavallieri, 2003: 289.
[11] Torres, 2005: 50.
[12] Al estudiar las favelas de Rio de Janeiro, Berenstein afirma que éstas forman parte del propio patrimonio cultural y artístico de la ciudad y que, al estar constituidas a través de procesos arquitectónicos y urbanísticos singulares, han desarrollado una estética propia de características peculiares y completamente diferentes de la estética de la ciudad formal. Berenstein, 2001: 1.
[13] Cavallieri, 2003: 285.
[14] Arriagada, 2003.
[15] Los antiguos movimientos sociales urbanos generados en los barrios precarios han sido, en muchos casos, burocratizados y desactivados por la intervención desmedida de ciertas Organizaciones No Gubernamentales. Davis, 2007: 111.
[16] La segregación socio-económica deprime las oportunidades de movilidad social en el contexto urbano actual y amenaza con consolidar la rigidez distributiva y la inmovilidad social. Arriagada, 2003.
[17] Katzman, 2003.
[18] Ibídem.
[19] Arriagada, 2003.
[20] De Oliveira, 1996; Borja, 2004.
[21] El aislamiento de la población urbana en condominios cerrados y situados en la periferia no está limitado sólo a las clases altas, el acceder a estas viviendas por parte de las clases medias es cada vez más frecuente en América Latina. Para profundizar más ver: Janoschka, 2002.
[22] Borja, 2004.
[23] Carrión, 2008.
[24] Banco Interamericano de Desarrollo.
[25] El programa Favela Bairro se inició en Rio de Janeiro desde 1993, para profundizar ver: Conde y Magalhaes, 2004. Los proyectos urbanos integrales son parte de la estrategia de la ciudad de Medellín, que han ayudado a recuperar el tejido social-urbano, para profundizar ver: Empresa del Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), 2008. Para los MIB de Bogotá ver: UNAL, 2009.
[26] La prefectura de Rio de Janeiro llevó a cabo este estudio de evaluación basado en investigaciones comparativas con poblaciones de favelas beneficiadas y no beneficiadas. Para profundizar más ver: Cavallieri, 2005.
[27] Andreatta, 2005: 7.
[28] Brakarz, 2002: 74.
[29] Universidad Nacional de Colombia, 2009: 124.
[30] Torres, 2009: 362.
[31] Según el último censo nacional realizado en el año 2005.
[32] En este periodo el Tolima confirmó 35.294 muertes frente a los 85.144 que se registraron en todo el país.
[33] Neira, 1995.
[34] La Central Nacional Provivienda fue uno de los agentes que actuó en la recepción y orientación de la población migrante.
[35] Gutiérrez, 2003.
[36] Datos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en el censo general 2005 para Ibagué
[37] Alcaldía de Ibagué et al, 2008c: 101.
[38] No existe una segregación socio-espacial a nivel general como la que evidencia, por ejemplo Bogotá, en donde la población que habita en el norte suele tener un mejor nivel socio-económico que los habitantes del sur de la ciudad.
[39] En el plano del P.O.T del año 2000 para la ciudad de Ibagué estos asentamientos son denominados como barrios subnormales, mientras en la revisión del 2008 se les cataloga como asentamientos precarios.
[40] Registro Único de Población Desplazada. Datos suministrados por Acción social, 2009.
[41] Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
[42] Gobernación del Tolima, 2006.
[43] Datos del DANE sobre indicadores del Mercado laboral serie 2001-2008. Total 13 áreas y ciudades metropolitanas. Datos del 2003 del trimestre Junio-Agosto y del 2008 del trimestre Enero-Marzo. Datos basados en la población desocupada que ha buscado empleo.
[44] Alcaldía de Ibagué, 2007.
[45] Alcaldía de Ibagué et al, 2008c. 100.
[46] Alcaldía de Ibagué et al, 2008b: 412.
[47] Datos del año 2008 proporcionados por el Departamento de Planeación Municipal de Ibagué.
[48] Datos del DANE en el censo general 2005 para Ibagué.
[49] IIDH, 2004.
[50] Datos del 2006. Anuario Estadístico.
[51] La Fundación Social es una entidad civil sin ánimo de lucro que realiza intervenciones y proyectos sociales en los sectores con mayores necesidades. En el año 2004 junto a la gobernación del Tolima proyectaron el plan comunal participativo de la comuna seis.
[52] Gobernación del Tolima , 2004: 102.
[53] Ibídem.
[54] Carrión, 2008.
[55] En el diagnóstico realizado por la Fundación Social y la Gobernación del Tolima para la comuna 6, se hace mención a la aparición de este tipo de actividades delictivas que se intensifican en la ribera del Arroyo La Balsa.
[56] Gobernación del Tolima, 2004: 123.
[57] CICODE: Centro de iniciativas de cooperación al desarrollo de la UGR y FHACS: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué-Colombia.
[58] El árbol de problemas supone uno de los documentos más característicos de la identificación de proyectos de desarrollo según el enfoque del Marco Lógico. Este estudio se realiza con la participación de la mayor cantidad de actores: representantes de las instituciones educativas, de planeación municipal y de la comunidad en este caso. Para profundizar ver: Camacho, 2001: 27.
[59] El proyecto prevé en su presupuesto la incorporación de personal remunerado.
[60] La propuesta realizada cumple los requisitos de todo proyecto de cooperación: estudios de viabilidad, matriz de planificación, implicación de los beneficiarios, cronograma de actividades, presupuesto y cauces de seguimiento, entre otros.
[61] Lerner, 2004.
[62] Alcaldía de Ibagué et al, 2008a.
[63] Magalhães, 2007: 96.
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Fecha de recepción: 12.11.2009
Fecha de aceptación: 29.03.2010