Revista de Derecho Ambiental

Determinación de reglas y criterios de justicia ambiental en el ejercicio de las facultades de fiscalización, sanción y cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente

Dominique Herve Espejo — 2023-06-30

El trabajo plantea que el diseño regulatorio de ciertos instrumentos contemplados en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA) permite incorporar reglas y criterios de justicia ambiental en su aplicación. Con el objeto de determinar cuáles son los posibles estándares de justicia ambiental aplicables en el ejercicio de las potestades de fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se realiza un análisis de la normativa y práctica administrativa de esta autoridad ambiental, desde su entrada en vigencia, en relación con los principales instrumentos contemplados en su ley orgánica, haciendo especial énfasis en los programas y subprogramas de fiscalización, los programas de cumplimiento y la sanción ambiental. A continuación, se explica el desarrollo de un estudio empírico sobre la aplicación de estos instrumentos en ciertas comunas que han sido catalogadas como «zonas de sacrificio» (Coronel, Huasco, Tocopilla, Quintero y Puchuncaví) y las principales conclusiones obtenidas en cuanto a la incorporación de este tipo de estándares normativos por la autoridad fiscalizadora y sancionadora. Finalmente, se identifican diversas reglas y criterios de justicia ambiental que son aplicables a la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental, y que se deducen de la investigación efectuada.

La función ambiental de la propiedad civil: la crisis de la división entre derecho público y derecho privado

Jaime Ignacio de Rosas Andreu — 2023-06-30

En el tratamiento de materias medioambientales que realiza el Código Civil chileno es posible apreciar la forma en que el límite entre derecho público y privado se diluye. Primero, se argumentará que, en su articulado, el Código contempla una función ambiental de la propiedad y que la protección del derecho de propiedad civil significa, también, proteger el derecho de vivir en un medioambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19 número 8 de la Constitución Política de la República, a la vez que reconoce las restricciones de la figura de la función social emanada del artículo 19 número 24 de la misma Carta Fundamental. En segundo término, se ilustrará que los fundamentos jurídicos insertos en el núcleo del Código de Andrés Bello permiten predicar una constitucionalización del derecho privado, dado que las normas civiles que tutelan el medioambiente son coherentes y compatibles con la Constitución Política. Finalmente, se demostrará que los preceptos constitucionales no moldean ni tergiversan la comprensión del derecho privado sobre la protección medioambiental, sino que es el fenómeno inverso: el derecho privado nutre las normas constitucionales.

La incorporación del ecocidio al Estatuto de Roma: ¿Una nueva herramienta para combatir la crisis climática?

María Teresa González Hernández — 2023-06-30

El daño infligido a los ecosistemas requiere de más herramientas legales que contribuyan al cumplimiento de los tratados que tutelan el medio ambiente. Una de estas herramientas es el derecho penal a través de la tipificación del ecocidio a nivel internacional. Diversas voces han propuesto enmendar el Estatuto de Roma con el objeto de extender la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) al ecocidio, considerándolo como un crimen contra la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. A diferencia de los cuatro delitos actualmente bajo el mandato de la Corte, el nuevo no tendría un enfoque antropocéntrico, es decir no se centraría solo en el bienestar de los seres humanos, sino que tendría al medio ambiente en el centro de la justicia penal internacional. El marco jurídico actual permite a la CPI enjuiciar daños ambientales como una extensión de los crímenes de guerra, lo cual es insuficiente cuando se presenten daños no vinculados a acciones bélicas. El presente trabajo propone que incluir el ecocidio en el Estatuto de Roma permitiría a la CPI investigar casos vinculados a la crisis climática en los que hubieran participado individuos de manera intencional, imprudente o negligente, en tiempos de guerra o paz.

Justicia ambiental y justicia climática: principios progresistas configurados desde la participación judicial en Colombia

Jorge Eduardo Vasquez Santamaria — 2023-06-30

En la jurisprudencia del Poder Judicial colombiano se reúnen razones de decisión que dan cuenta de la configuración de la justicia ambiental y de la justicia climática como principios rectores emergentes en el derecho ambiental nacional. Por su consolidación, se planteó la pregunta respecto de qué alcances y consecuencias adquieren esos principios a raíz del ejercicio de la participación judicial, problema del cual se desprendió el objetivo de analizar los alcances y consecuencias que emanan de ellos a raíz de la participación judicial. Para ello, se propuso una metodología basada en el modelo cualitativo, respaldada en el enfoque sociojurídico, con aplicación del método hermenéutico y del estudio de casos judicializados por conflictos socioambientales, lo que dio lugar a una construcción teórica introductoria de la categoría conflicto socioambiental, base para elaborar un marco de referencia sobre la participación, la justicia ambiental y la justicia climática, con el que se obtuvo como resultado la aprehensión de conflictos socioambientales que han llegado a los estrados judiciales en los que se ha configurado la justicia climática de la mano de la justicia ambiental, y han dado lugar al reconocimiento de los derechos de la naturaleza y al principio de transpersonalización del derecho.

La verificación de las condiciones de navegabilidad del buque como presupuesto para la prevención de catástrofes derivadas del derrame o vertimiento de hidrocarburos en el mar

Renato Pezoa Huerta — 2023-06-30

Según la Organización Marítima Internacional, los buques petroleros transportan alrededor de 2.900 millones de toneladas de petróleo crudo y productos derivados del petróleo por mar cada año en todo el mundo. La mayor parte del tiempo, los hidrocarburos se transportan de manera segura y tranquila. No obstante, el desarrollo de la actividad transportadora no está exenta de riesgos que amenacen el éxito de la navegación, poniendo en peligro al buque, la carga de petróleo, y como no al medio ambiente. El presente artículo estudia, analiza, sistematiza y comprende cómo la falta de navegabilidad o «innavegabilidad» del barco, constituye un presupuesto que maximiza la probabilidad de advenimiento de una catástrofe ambiental, por el derrame o vertimiento de hidrocarburos en el mar. Para ello, se determina qué es la navegabilidad, los factores en que se erige el concepto; se analizan las consecuencias de la ausencia, carencia de idoneidad, incompetencia o falta de completitud que, de estar presentes tanto en un aspecto estructural y de técnica naval, como en la vigilancia y control que ejerce el armador del buque petrolero, sobre la tripulación y demás dependientes, podrían asegurar y prevenir la ocurrencia de los riesgos que pueden ser causa eficiente para el derrame o vertimiento de hidrocarburos en el mar.

¿Falta de certeza jurídica frente a la emergencia climática? o ¿necesidad de recordar cuáles son los deberes de los Estados?

Pilar Moraga Sariego — 2023-06-30