La participación ciudadana en la gestión ambiental habilita a la ciudadanía a ser parte de los procesos de toma de decisiones, tanto como un derecho humano, garantizado constitucionalmente en Ecuador, como una expresión de corresponsabilidad en la gestión pública. A nivel metodológico, el artículo analiza dos casos de estudio que permiten abordar la necesidad de regulación de la figura de la consulta ambiental de forma armónica con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Los casos analizados abordan una experiencia de participación efectiva en el diseño de una política pública (lo que demuestra su viabilidad) y otra de denegación de participación en un proyecto, en el marco de la regularización ambiental. Ambos casos reflejan la necesidad de establecer e implementar estándares claros de participación y consulta ambiental para que el derecho de participación se garantice en debida forma. En un contexto en el que la Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra tratando un proyecto de ley que regula la consulta ambiental, se presenta una oportunidad importante para garantizar y armonizar el marco normativo con los estándares de participación pública del Acuerdo de Escazú. En particular, para establecer lineamientos que orienten la participación ciudadana en asuntos de interés público y no solo en procesos de regularización ambiental.
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